Cirilo Huacho Huamaní, alcalde de la Municipalidad Distrital de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, fue capturado junto con su esposa Julia Aquinquipa recibiendo una coima de 2 500 soles de un proveedor de materiales de esta comuna.
El burgomaestre llegó hasta el Cusco en una camioneta con placa DOL-865, conducido por Marcelino Tintaya, se estacionó en el pasaje Constanza en donde se encontraron con el proveedor cuyo nombre se guarda en reserva, quien le entregó el dinero, previo fotocopiado de los billetes; en ese momento, se hicieron presentes agentes de la Policía Anticorrupción y la fiscal de turno.
Trascendió que el alcalde solicitó al proveedor el diezmo por haberle otorgado la buena pro para proveer de materiales a esta omuna, y utilizó a su esposa para la recepción del dinero.
La detención tuvo lugar en un local ubicado en la calle Chachacomayoc, donde el alcalde habría recibido el monto de S/. 2,500 de manos de un proveedor que se habría contactado con la PNP previamente.
Al momento de la intervención el imputado no fue hallado en posesión del dinero, pero sí su esposa, por lo que ambos fueron trasladados hasta las instalaciones de la Policía Anticorrupción en Cusco.
La Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cusco sentenció hoy a ocho años de cárcel al ex presidente regional, Hugo Gonzales Sayán, y a siete años y cinco meses a su ex vicepresidente, Mario Ochoa Vargas, por colusión y tráfico de influencias.
La lectura de la condena tuvo lugar en la sala de audiencias del penal de Qenccoro y se prolongó por más de tres horas, tiempo en que se dio a conocer los fundamentos y argumentos del proceso investigatorio por la entrega irregular de los trabajos de mantenimiento de 13 carreteras de Cusco a una empresa.
También se dispuso siete años de prisión a Katiuska Cárdenas, hermana de Milenko Cárdenas, intermediario entre la región y la empresa contratista, y a cinco años a Guido Gallegos, ex gerente regional de infraestructura; ambos por colusión.
Los aludidos, que tenían prisión preventiva desde octubre, entre ellos Gonzales Sayán, fueron internados en el penal de Qenccoro; Katiuska Cárdenas fue conducida al penal de mujeres de Qenccoro (contiguo al de varones).
El consultor externo Daniel Merino Yépez recibió cuatro años de prisión suspendida. Todas las sentencias fueron establecidas por el juez Andrés Quinte Villegas.
Según las investigaciones del Ministerio Público, a cargo del fiscal Aquiles Peña Gómez, en la cuenta personal de Cárdenas se depositó más de 900 mil nuevos soles por parte del gobierno regional como adelanto directo para materiales e insumos para el mantenimiento de vías.
El juicio se inició el 11 de mayo, tras dos años de investigaciones. La denuncia fue presentada por el ciudadano Jaime Aragón Núñez, la Procuraduría Anticorrupción de Cusco y la comisión de investigación del gobierno regional, integrada por los consejeros de la anterior gestión Carlos Dargent Holgado, Saturnino Pulla Jiménez y Miguel Baca.
Por este caso, la Policía Judicial capturó el 3 de octubre del 2010 a Ochoa Vargas, ex vicepresidente regional de Cusco; mientras que Guido Gallegos se entregó a la justicia en mayo pasado.
Se mantuvo en reserva las sentencias para Nelly Palomino (garante de cartas fianzas), Milenko Cárdenas (intermediario), Joel Salazar (dueño de la empresa contratista) y Samuel Loayza (esposo de Nelly Palomino), prófugos de la justicia.
Todos los sentenciados, excepto Merino Yépez, pagarán una reparación civil de 50,000 nuevos soles cada uno en favor del gobierno regional del Cusco. Yépez sólo hará el pago de 5,000 nuevos soles.
Además están inhabilitados por tres años de ocupar cargos públicos y postular a elecciones políticas populares.
Gonzales Sayan, Ochoa Vargas y Cárdenas, según sus abogados, presentarán el recurso de nulidad a la Corte Suprema de Justicia de Lima; los dos primeros se declararon inocentes.
El Ministerio Público pide 5 años de prisión para expresidente regional y 9 años para el exvicepresidente. Exautoridades fueron acusadas por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita.
Sentencia será dictada este miércoles 9 de noviembre. Entre los acusados están el expresidente y exvicepresidente del Gobierno Regional del Cusco.
Los diecisiete exfuncionarios del Gobierno Regional de Cusco, acusados de la irregular concesión para la rehabilitación de 13 tramos carreteros en la región al Consorcio J.S. en el 2008, serán sentenciados este miércoles 9 de noviembre, así lo anunció Uriel Balladares, miembro de la Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial.
Entre las personas denunciadas en este sonado caso fueron el expresidente del gobierno regional, Hugo Gonzáles Sayán, y el exvicepresidente, Mario Ochoa Vargas, quienes fueron recluidos en el Penal de Qenqoro, ubicado en el distrito de San Jerónimo, mientras duren las investigaciones.
Los alegatos y el juicio oral seguidos en este proceso, culminarán hoy en horas de la tarde, por lo que el miércoles se procederá a emitir la sentencia a las exautoridades y exfuncionarios implicados.
El Ministerio Público solicitó cinco años de pena privativa de la libertad para el expresidente regional Hugo Gonzales Sayán, por el presunto delito de colusión; mientras que para el ex vicepresidente Mario Ochoa Vargas, 9 años por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita; y para Guido Gallego Cáceres, exgerente de Infraestructura, 7 años.
Se trascendió que este miércoles, también pedirán la orden de captura internecional contra Nelly Palomino Chaca, Joel Salazar y Milenko Cárdenas, representantes del Consorcio J.S, que también han sido acusados y actualmente, se encuentran prófugos.
El titular de la Sala de lo Penal Liquidadora Transitoria, Andrés Quinte Villegas, ordenó el cambio de mandato de comparecencia restringida por el de detención después de una audiencia que se encuentra en la etapa de defensa oral en el referido penal, ubicado en el distrito cusqueño de San Jerónimo.
Gonzales Sayán, que fue presidente regional en el período 2007-2010, es acusado por el delito de colusión por la presunta entrega irregular de los trabajos de mantenimiento de 13 carreteras de Cusco a la compañia JS Contratistas.
Como parte del proceso, también se dispuso la detención de Katiuska Cárdenas Tressierra, hermana del prófugo Milenko Cárdenas Tresierra, que ser intermediario entre el Gobierno Regional de Cusco y la compañia contratista.
A Katiuska Cárdenas, que fue conducida al penal de mujeres de Qenccoro, se le acusa de los delitos de colusión y peculado doloso simple. Según las investigaciones, en su cuenta personal se depositaron más de 600 mil nuevos soles.
El juez dispuso la pena privativa de la libertad por el hallazgo de nuevas pruebas que corroboran los medios probatorios existentes, perturbación e intimidación a peritos contables y técnicos.
Además, se busca garantizar la conclusión del juicio oral antes de la sentencia.
La audiencia con los argumentos de defensa de los asesores legales de 16 acusados inmersos en el caso proseguirá este miércoles desde las 10: 00 horas, en el penal de Quenccoro.
El abogado Zenón Chain, defensa de Hugo Gonzales Sayán, apeló la decisión del juez de la Sala de lo Penal Liquidadora transitoria.
El juicio se inició el 11 de mayo tras dos años de investigaciones a cargo del fiscal Aquiles Peña Gómez y la juez Indira Acurio.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Jaime Facundo Aragón Núñez, la Procuraduría Anticorrupción de Cusco y la comisión de investigación del gobierno regional , integrada por los consejeros de la anterior gestión Carlos Darga Holgado, Saturnino Pulla Jiménez y Miguel Baca Ccoscco.
Por este mismo caso, la policía judicial capturó el 3 de octubre de 2010 a Mario Ochoa Vargas, vicepresidente regional del Cusco , mientras que Guido Gallegos Cáceres, ex gerente de infraestructura, se entregó en mayo pasado a la justicia.
El primero es acusado de colusión y tráfico de influencias, y el segundo de colusión.
Defensores de los derechos humanos lanzaron hoy martes la campaña "Fujimori nunca más" que convoca a los electores a no votar por la candidata presidencial e hija del ex Mandatario Alberto Fujimori, Keiko, en la segunda vuelta del 5 de junio.
"Keiko Fujimori llevará al poder a quienes en la década de 1990 articularon una maquinaria corrupta que violó derechos humanos y perpetró una serie de latrocinios contra el Estado", dijo Rocío Silva, coordinadora de la protesta.
Dijo que Keiko "hará lo imposible por sacar de la cárcel a Alberto Fujimori quien tiene sentencia firme por asesino y ladrón".
Fujimori, que cumple una condena de 25 años por corrupción y delitos de lesa humanidad, ha interpuesto un recurso legal para anular su proceso condenatorio.
"Es difícil no indignarse ver a esa gente nuevamente. Quiero dirigirme a cada peruano que tiene un poquito de dignidad diciéndole 'no' al fujimorismo. Arrancaron la vida a nuestro seres queridos, mataron a parte del Perú", dijo Marly Ansualdo hermana de un universitario asesinado bajo el gobierno de Fujimori en los sótanos del cuartel del Servicio de Inteligencia del Ejército.
En declaraciones a la Comisión Townsend, Milagros Maraví, vocera de Fuerza 2011 recordó que al menos en dos ocasiones fue al SIN para coordinar temas de DDHH con el principal sospechoso.
Miguel Gutiérrez R.
En marzo de 1999, casi en las postrimerías del gobierno fujimorista, cuando los crímenes perpetrados por los servicios de inteligencia vinculados a Vladimiro Montesinos eran de conocimiento internacional, la abogada Milagros Maraví Sumar aceptó integrar la Comisión Especial de Alto Nivel (CEAN) creada por el entonces presidente Alberto Fujimori para refutar las denuncias por violación de derechos humanos interpuestas ante la justicia internacional.
Años después, el 2002, Maraví Sumar declaró ante la comisión parlamentaria presidida por Anel Townsend que investigaba los crímenes del gobierno fujimorista que la estrategia de la CEAN era manejada por Fujimori conjuntamente con el propio denunciado, Vladimiro Montesinos.
La actual vocera de Fuerza 2011 en temas de Derechos Humanos dijo el 5 de junio de ese año ante la comisión congresal que ella y los demás miembros de la CEAN –Aníbal Quiroga, Edgardo Mosqueira y Alberto Bustamante Belaunde– estuvieron abocados a preparar la defensa del Estado en los casos de La Cantuta, de la interceptación telefónica, el Caso Cesti y las torturas a Leonor La Rosa, entre otros.
A la pregunta de si recibió indicaciones especiales de Fujimori, dijo lo siguiente: “No. Sí sé que la decisión de presentar testigos, tanto en ese caso, como en el caso de las interceptaciones, fue decisión de Fujimori”.
Sin embargo, no solamente eso ordenó Fujimori. Según la propia Milagros Maraví diría después, Fujimori le pidió que para ciertos casos se reuniera con Montesinos.
“El Presidente en casos así, en otros casos no, decía: “Por favor, necesito que expongan este tema, que conversen este tema con el doctor Montesinos”. Más adelante agrega: “(en) Las reuniones que el Presidente indicaba que fuera con Montesinos (...) yo recibía una llamada directa sobre algún tema”.
En la salita del SIN
Milagros Maraví, quien parece padecer de frágil memoria, dice haber sido conducida dos veces al SIN pero no recuerda exactamente lo que Montesinos le dijo cuando expuso el tema de la posibilidad de una pensión a Leonor La Rosa por las torturas sufridas por agentes del Servicio de Inteligencia.
“La verdad es que no recuerdo, o sea, no nos dio una respuesta sobre el tema, no recuerdo si comentó algo o repreguntó algo, pero era sobre este tema y terminó la reunión”, dijo Maraví.
Tal vez con ánimo de mostrarse como víctima de los acontecimientos, Milagros Maraví renegó el 2002 del papel encomendado por Fujimori y Montesinos ante la Comisión Townsend: “Para mí ha sido toda una sorpresa ver las cosas que han pasado y además por eso estoy sufriendo las consecuencias del fujimontesinismo y no tener más trabajo asesorando al Estado y todo eso ¿no?”.
Recibió $270 mil por asesoría
1]Según la Comisión Townsend, el Estado desembolsó más de medio millón de dólares para pagar a los cuatro integrantes. Solo Milagros Maraví recibió 270 mil dólares por asesoría entre febrero de 1999 y julio del 2000.
2] La abogada admitió en el Congreso que coordinó con el funcionario fujimorista Sergio Tapia Tapia la presencia de los testigos presentados por Fujimori, el coronel EP Enrique Oliveros y el mayor EP Anderson Kotjasu, los mismos militares denunciados por torturas a la agente Luisa Zanatta.
3] Otro miembro de la CEAN, Aníbal Quiroga, fue más claro que Milagros Maraví al señalar la dependencia al SIN: “Exactamente no sé cuánto le informaba porque yo no asistí a esas reuniones, pero lo que (Edgardo) Mosqueira reportaba era que él le trasladaba a Montesinos (...)tomaba notas sin decir nada cuál eran los planteamientos que se hacían”.
La ex Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, lamentó no haber culminado la investigación sobre cómo financió sus estudios Keiko Fujimori y sus hermanos en Estados Unidos. Sin embargo, confió en que el nuevo fiscal José Peláez Bardales continuará con la investigación.
“Lamento no haber terminado la investigación a la señora Keiko Fujimori y sus hermanos, que ahora tendrá que continuar mi sucesor”, explicó Echaíz Llanos.
Echaíz dijo que en las últimas semanas ha recibido nueva información, que deberá ser analizada posteriormente.
Esta investigación para conocer cómo financiaron sus estudios en el extranjero Keiko y sus hermanos fue a pedido del flamante Fiscal de la Nación, José Peláez, que juramentó en el cargo el pasado 12 de mayo de 2011.
El día 23 de febrero de 1997, el diario La República informó que la inscripción y gastos académicos en la Universidad de Boston, de Keiko, Hiro y Sachi Fujimori, entre 1993 y 1997, costaron, y fueron pagados en suma que asciende a 344 mil 588 dólares2. Esta cifra carece de justificación ya que el sueldo presidencial era de 2 mil soles mensuales aproximadamente, que en cuatro años suma 96 mil soles.
¿Cómo financió entonces el ex Presidente los estudios de sus hijos? En este mismo documento, La República informa que quien habría desembolsado esta considerable cantidad de 84 mil dólares anuales, habría sido Infinity Limited, una misteriosa empresa localizada en Panamá. ¿Quiénes son los de Infinity Limited? ¿Por qué una empresa les pagaría los estudios a los hijos de un Presidente?
Los hijos del ex Presidente Fujimori, sin embargo, justifican el pago de estas elevadas sumas, afirmando que sus estudios fueron solventados con el dinero abonado a su padre, por la venta de un terreno que el ex mandatario cobró el 30 de diciembre de 1998. Primer detalle: hasta 1998, ¿quién financió los estudios? Pero ahí no acaba el cuento.
Los supuestos 327 mil 375 dólares, producto de la venta del terreno, que Alberto Fujimori habría dado a sus hijos para solventar sus gastos universitarios no fueron utilizados oportunamente, como detectaron los peritos de la Contraloría asignados a la Corte Suprema para hacer un seguimiento a los gastos de los vástagos del ex presidente.
Los reportes del Citibank de Nueva York (banco en el cual Keiko y Sachi abrieron cuentas durante su estadía en EE.UU) informan que entre noviembre del 2000 y marzo del 2001, Keiko realizó una serie de movimientos en sus cuentas que evidencian que los hijos de Alberto Fujimori recién tuvieron disponible el dinero en 1999 y lo gastaron en marzo del 2001, cuando ya habían terminado de estudiar en los EE.UU3.
Además, la misma Keiko Fujimori, en declaraciones que ofreció en reserva al Congreso, según La República (25/11/2005), sostuvo, contradiciendo versiones anteriores, que su padre le daba el dinero en efectivo en Lima. Ello confirmaría que el efectivo que Alberto Fujimori le entregaba a su hija para que pagara sus estudios y los de sus hermanos, no tiene nada que ver con el dinero obtenido de la venta del terreno.
Entonces, ¿cómo es que los hijos de Alberto Fujimori pudieron costear sus elevadas pensiones en las universidades norteamericanas? Señora Keiko Fujimori: ¿No sería mejor que antes de cualquier aspiración política, aclare este misterio?
Hasta hace poco, era un misterio en la provincia de Espinar, quién o quiénes eran los accionistas de la empresa PLACME S.A., quienes son responsables del descuido en la planta de lácteos, quesos podridos, yogures vencidos, descuido en la planta de lácteos.
Entre tanto los defensores de la Minera hacían los esfuerzos necesarios para que no sea intervenido por el Comité de Gestión del Convenio Marco porque esta planta es financiada directamente con los dineros del Convenio Marco que hasta la fecha ha desembolsado para su funcionamiento más de un millón y medio de nuevos soles (1 500,000.00), sin embargo estos dineros no tienen control alguno, si no es por parte de Fundación Tintaya y ellos a su vez sub contrataban a PLACME S.A. para que pueda operativizar la planta.
La sorpresa ha sido como un baldazo de agua fría, cuando el pasado jueves 24 de marzo fue detenido un camión de placa de rodaje A8R-819 lleno de quesos i yogures malogrados y al día siguiente la intervención de la planta de lácteos donde el Fiscal Provincial halló más de 7000 quesos en estado de putrefacción.
A partir de ese momento los dirigentes y la ciudadanía se preguntaron quién o quiénes son los accionistas de la Empresa PLACME S.A. Cuánto aporta en su funcionamiento. Entre tanto el presidente del Comité de Gestión y Alcalde actual Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, puso en agenda para tratar en una reunión ordinaria donde participaron dirigentes y ciudadanos quienes aprobaron para que sea cambiado la administración sin que ello signifique que sea perjudicado los proveedores de leche de las cuencas que a diario acopian un promedio de 4000 litros.
Según el asiento registral ante la SUNARP Nº 11100816 denominado PLANTA DE LACTEOS CONVENIO MARCO ESPINAR SOCIEDAD ANONIMA, PLACME S.A. de fecha 16 de diciembre del 2009 con un capital inicial de diez mil nuevos soles (10 000.00), acciones nominativas, y en el artículo DUODËCIMO señala la conformación de los representantes legales de la siguiente forma: Presidente del Directorio Luis Alberto Rivera Ruiz DNI 08838119, actualmente es el gerente General de Xtrata Tintaya, otro de los integrantes es Director Rodolfo Enrique Velarde Rivas DNI 07571695 actualmente es Gerente de relaciones Comunitarias de Xtrata Tintaya, Director Ramiro Valdez Marin DNI28877993 actual gerente de Fundación Tintaya órgano creado para absorber y ejecutar los mega proyectos del Convenio Marco.
Estas personas operaban sin control alguno los aportes del Convenio Marco que hasta la fecha son más de un millón y medio de soles y que según el informe no se han registrado ganancias y que los meses que ha funcionado ha reportado una pérdida de medio millón de soles. Entre tanto los niños de las comunidades campesinas viven en un completo abandono alimentario y desnutrición, mientras eso sucede Fundación Tintaya hacía de lo suyo con los dineros del Convenio Marco.
El Fiscal Provincial de Canas Dr. Rubén Montesinos Ayala formalizó la denuncia penal contra el ex alcalde de Langui Dimas Braulio Esquivel Caballero por serias irregularidades en esta comuna distrital.
Mediante el caso número 1806054501-2010-150 del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial Penal de Canas , se dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra el ex alcalde del distrito de Langui Dimas Braulio Esquivel Caballero, por delitos contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos en las modalidades de peculado doloso, malversación de fondos, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito y por delitos contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos.
Este pedido se presentó por parte de integrantes del Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito del Langui, Vicente Caballero Quispe, Aurelio Vera Caballero, Huver Esquivel Corrales, Gregorio Esquivel Caballero y Egidia Corrales Lozano, en el mes de junio del año pasado y después de varios meses de seguimiento recién el 27 octubre la Fiscalía Provincial de Canas formalizó la denuncia por estos delitos.
Entre los indicios se hallaron el desvió de presupuestos para otras obras como el caso de "Construcción de viviendas solares para actividades turísticas", que tuvo un presupuesto de 38 mil 840 nuevos soles y su destino final fue para la instalación implementación del Internet, con contratos que se firmaron antes de la modificatorio de la PIA institucional y antes de modificar el presupuesto mediante una resolución municipal; estas conductas se enmarcan dentro del ilícito penal de peculado doloso y malversación de fondos.
Además dentro del proyecto “Capacitación de Productores del sector de salud y educación” en el año 2008 no se ejecutó, por el contrario se destinó al pago de docentes sin el sustento necesario, ni en coordinación con los representantes del sector de educación (UGEL Canchis), pero el imputado Dimas Braulio Esquivel Caballero en su declaración indicó que fue un acuerdo verbal con los representantes de la UGEL.
Por otro lado se presume que son varias las obras en la que se sobrevaloraron los precios como la construcción del complejo artesanal de Langui, obra de construcción del club de madres, mejoramiento de la plaza de armas del distrito, construcción de áreas verdes en la plaza de Armas, mejoramiento del estadio municipal, entre otros.
La Fiscalía Provincial de Canas pide la ampliación del peritaje contable y peritaje técnico de valoración por parte de profesionales, porque no se encontraron documentos que sustenten tan sólo se encontraron órdenes de compra, boletas, facturas de bienes y servicios adquiridos; con el que se demostraría de que la administración de Dimas Braulio Esquivel Caballero fue desordenada.
Por otro lado, en la compra de una motocicleta que donaron a Radio Sicuani (institución religiosa que no está en su jurisdicción), quisieron justificar afectando estos comprobantes de pago al proyecto de construcción de locales comunales que son obras de emergencia dentro del Distrito.
Pobladores de Kunturkanki exigen urgente investigación a Valerio Pacuala Huillca
Tras formalizarse la denuncia al Consejero por la Provincia de Canas, Valerio Pacuala Huillca, salió otros documentos que demuestran que estuvo implicado en varias irregularidades, de acuerdo al portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
Uno de los proveedores favoritos del ex burgomaestre era la empresa dirigida por Álvarez Cáceres Joe Eddy que ha girado a nivel de los cuatro años más de 305 mil nuevos soles.
Según las investigaciones en varios procesos de licitación y/o adjudicación ésta empresa ha sido declarado como ganador a costa de presión y manejo por parte de la Comisión de adjudicaciones y contrataciones que la municipalidad distrital de Kunturkanki.
Así mismo la empresa de Álvarez Cáceres habría sido favorecido en varias oportunidades por la Comisión de adjudicaciones y contrataciones que dirige la señora Julia Quispe Chuctaya y Wilber Paucar Tayro.
Uno de los documentos señala que en uno de los procesos para la compra de cemento tipo I participaron tres postores como: Alex Huillca con una propuesta de 30. 10 nuevos soles por cada bolsa de cemento, la empresa Álvarez Cáceres participe con una propuesta a 32. 65 nuevos soles y Noruega Sucno Aquiles Alejandro con una propuesta económica de 32,70 nuevos soles.
Por tanto de acuerdo a las normas y procedimientos de evaluación el ganador sería el señor Alex Huillca (30.10 nuevos soles por bolsa), pero en una decisión inexplicable desistió el postor y se le concedió al segundo lugar para la compra de 1438 bolsas de cemento a 32. 65 nuevos soles por un total de 46,950.70 nuevos soles.
Esta licitación se hizo a mediados del año 2008, cuando la bolsa de cemento tenía un costo promedio de 22 a 25 nuevos soles, sin embargo estas propuestas económicas a 30 y 32 nuevos soles por bolsa, por lo que Valerio Pacuala Huillca ex-Alcalde y actual consejero por la provincia de Canas debe responder y explicar dichas denuncias.
Estos manejos irregulares se han dado a nivel de cada proceso de licitación en bolsas de cemento y materiales de construcción, estos datos demostrarían otras irregularidades como falsificación de documentos o empresas fantasmas que participaron en estas licitaciones para dar un manejo y favorecer a la única empresa de Álvarez Cáceres JOE Eddy.
Francisco Choquenaira Ojeda ex consejero por la provincia de Canchis del gobierno regional del Cusco, instó a su sucesor en la representación como concejero regional por Canchis Ing. Edward Zárate Farfán, debe asumir una actitud de lucha frontal contra la corrupción.
Choquenaira Ojeda adelantó que el nuevo Concejero debería priorizar el tema de las adquisiciones y contrataciones que con motivo de la declaratoria de emergencia en mes de enero del año pasado con el caso de las inundaciones, realizó el Gobierno regional del Cusco de manera irregular.
Así mismo, detalló que la denuncia es de conocimiento del Ministerio Publico quien realizó una investigación preliminar, sin conocer hasta el momento los resultados, hecho por el cual es necesario hacerle el seguimiento, para darle celeridad a estos expedientes, precisó.
Refirió finalmente que existen funcionarios nombrados y contratados de la anterior gestión involucrados en estas irregularidades, quienes deberían asumir sus responsabilidades, finalizó dando cuenta de otro caso que es en el Proyecto de alfabetización, que hasta el momento no se conoce los resultados de la investigación.
Paro de 48 horas es para exigir salida de Alcalde Velasquez Roque
Encabezado por el Frente Único de defensa de los Intereses de Canhis (FUDIC), las principales organizaciones sociales de la provincia cuzqueña de Canchis anuncian una jornada de protesta el próximo 3 y 4 de Noviembre en rechazo del alcalde Mario Velásquez y funcionarios de la Municipalidad provincial de Canchis.
Según manifestó Oscar Torres Secretario General del FUDIC, la medida de fuerza ha sido consensuada y evaluada en una reunión de bases, con la finalidad de exigir la salida de la autoridad edil y sus funcionarios, en vista de los actos de corrupción denunciados.
“la población Canchina ya abrió los ojos, lo único que le queda al alcalde es marcharse junto a su sequito de funcionarios” manifestó Torres Ramos al tiempo de convocar a la población a sumarse a la medida.
Las diferentes obras implementadas por la gestión de Velásquez Roque, han sido objeto de sendas denuncias por actos irregulares como Cartas Fianza falsas, incumplimiento de metas, estafa a proveedores, entre otros.
Coincidentemente los días señalados son días de la víspera y día central del aniversario de la ciudad de Sicuani, en el que por tradición se celebra con diversas actividades culturales, académicas y artísticas coordinadas por una comisión central que encabeza la Municipalidad.
Por otro lado Radio Sicuani denunció que “los trabajadores contratados por la Municipalidad de Canchis se abrían reunido en forma secreta para implementar un plan estratégico que contrarreste el paro convocado por el FUDIC”.
La emisora local afirmó que “nuestras fuentes que participaron en esta reunión utilizarían los programas del PRONAA y Vaso de Leche como las armas para condicionar la no participación de los sectores más pobres”.
Tras dos días de paralización el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación SUTE base Canchis, levanto la medida de fuerza que venían acatando desde el pasado lunes 18 de Octubre.
En declaraciones para radio Sicuani, el prof. Elías Fernandez Secretario General del SUTE Canchis, manifestó que finalmente las autoridades de la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional del Cusco, repusieron al prof. Marco Antonio Riberos Somocursio en el cargo de Director de la UGEL.
Riveros Somocursio sostuvo una primera reunión con la dirigencia del magisterio para ver la continuidad del proceso de las investigaciones y se establezca un plazo determinado para dar los resultados de fehacientes y con las respectivas sanciones a los funcionarios que están inmiscuidos en los actos de corrupción y mal manejo de este órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, señaló.
Asimismo, este próximo viernes 24 de octubre se realizará una reunión con todos los secretarios de base para evaluar esta medida de lucha donde se estará elaborando un pliego de reclamos para que los mismos sean atendidos en un plazo determinado por parte de la autoridad educativa.
Por otro lado, El restituido Director de la UGEL Canchis Marco Antonio Riberos Somocurcio agradeció las muestras de afecto del magisterio y se comprometió a continuar con las investigaciones hasta encontrar a los responsables de irregularidades en la UGEL.
Riberos Somocurcio, dijo que hasta el momento no sabe con exactitud qué motivo su cambio en la dirección de la UGEL, sin embargo explico que la dirección Regional de Educación fue sorprendida por un memorial firmada por 16 trabajadores de la misma institución refiriendo ser maltratados por un jefe de Área.
Denuncia contra alcalde del distrito de Huanoquite Provincia de Paruro Tomas Quispe Antitupa ante la Fiscalía Provincial y el Juzgado de la zona por los delitos de peculado, malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir duerme el sueño de los justos desde el mes de mayo del presente año.
La información fue revelada por el ciudadano Dalmiro Orue Espinoza ex Administrador Municipal de la Municipalidad de Huanoquite con DNI 23955157 con domicilio real en la Urbanización Los Incas Jr. Chasquis, al tiempo de manifestar que ante la desidia del Juez como el Fiscal de la Provincia , quienes recibirían dadivas económicas del referido alcalde, se vio obligado a recurrir Fiscal de la Fiscalía Suprema del Control Interno.
En dicho documento el denunciante, refiere que el problema surgió todavía en el 2007 tiempo en el cual el alcalde de Huanoquite , se negó a dar acceso a la documentación contable , gastos de los recursos de la comuna y la revisión de la documentación de cotizaciones de compra de materiales para las diferentes obras.
La negativa del burgomaestre a transparentar los gastos de su gestión a decir del entrevistado, se debe a que desde inicio de su periodo edil, Tomas Quispe, se dedicó a mal utilizar los fondos de la municipalidad en complicidad de sus familiares y testaferros.
Aseguró que el alcalde de Huanoquite, compro a precios sobrevaluados una motoniveladora de marca Komatsu , dos tractores agrícolas de marcha John Diere una camioneta Mitsubishi de color rojo , dos picadoras de granos para la municipalidad.
Sostuvo que el alcalde en mención, confiado en el silencio de las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Publico y el temor de la población que constantemente es amenazado en los últimos meses ha dado muestras de enriquecimiento desmesurado con dineros de la municipalidad.
La misma que habia sido adquirido en beneficio suyo por intermedio de su cuñado Antonio Béjar y su esposa Marina Quispe Antitupa una combi del año 2009 de marca HIACE,Toyota color blanco con placa de rodaje H1 A-708 con un monto superior a los 35 mil dólares al contado, cuando la pareja de conyugues solo son agricultores.
Dalmiro Orue, del mismo modo aseguró que el denunciado alcalde con el Jefe de Abastecimientos Jhon Tito Ríos, adquirieron con precios sobrevaluados materiales de construcción para diferentes obras en cantidad de 3500 bolsas de cemento al precio de 28 soles cuando el precio normal es de 26 soles, similar situación se realizo en la adquisición de fierros de diferentes diámetros a precios sumamente diferenciados al costo real.
Dijo del mismo modo que el alcalde para continuar con su actuar ilícito ha sobrevaluado el precio de la obra del palacio municipal de 950 mil soles a un millón 500 mil soles, problema al que se suman licitaciones irregulares para diferentes proyectos
La Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia de Cusco intervino al juez mixto de Anta, Washington Hurtado Vargas, recibiendo 300 nuevos soles de un litigante, supuestamente para favorecerlo en un proceso que se ventila en dicho órgano jurisdiccional.
Este acto de control se produjo en la víspera luego de que el litigante Gabino Vergara Pacheco denunciara ante la Odecma Cusco que el juez Hurtado Vargas le pidió el pago de 500 nuevos soles para resolver a su favor el proceso laboral iniciado tras haber sido despedido de la municipalidad distrital de Limatambo.
Recibida la denuncia, el jefe de la Odecma, Andrés Quinte Villegas, dispuso realizar la operación que estuvo a cargo del juez superior Luis Sarmiento Núñez, responsable de la Unidad Desconcentrada de Investigación y Visitas de dicho órgano de control, asi como del juez especializado Camilo Luna Carrasco.
Para la intervención se solicitó la participación del Ministerio Público y la Policía Anticorrupción, con quienes se procedió a ejecutar la diligencia en el interior del despacho del juez de la provincia de Anta, a quien se le sorprendió con los 300 nuevos soles entregados por el litigante.
Antes de la diligencia, y como medida de seguridad para garantizar la objetividad de la investigación, se fotocopió los billetes que el agraviado debía entregar al juez como parte de un pago que le había solicitado a través de su abogado Walter Quispe Huamán.
El litigante Gabino Vergara Pacheco sostuvo que en el Juzgado Mixto de Anta es demandante del proceso contencioso administrativo N° 30-2007, seguido contra la Mmnicipalidad distrital de Limatambo por un caso de despido arbitrario.
Según el denunciante, el juez intervenido, ya había recibido en una primera ocasión la suma de 1,500 nuevos soles por intermedio de su abogado, y luego un adicional de 600 nuevos soles, para que su caso sea resuelto a su favor.
Concluida la diligencia en el despacho del juez de Anta, el intervenido Washington Hurtado Vargas ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la Odecma Cusco inició proceso disciplinario contra el referido juez por inconducta funcional. Asimismo, propondrá ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) la suspensión preventiva del investigado.
Empresas estafaron vilmente por mas de dos millones en complicidad de funcionarios
Cartas fianzas por más de 2 millones 314 mil nuevos soles presentadas por las empresas encargadas de la ejecución de obras en Sicuani como el consorcio Hercca y Consorcio Bomberos son falsas, así lo confirmó el procurador anticorrupción de la Municipalidad Provincial de Canchis Claudio Vega Marón.
Este hecho ha propiciado que el procurador solicite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos se amplíen los cargos contra los funcionarios (Ricardo Salas Chambi, Marino Valle Toribio, Edgardo Sota Fernández, Hernán Vilca Condori y Hermelinda Flores Rondón) por omitir la verificación de la autenticidad y legalidad de las cartas fianzas que resultaron ser falsas.
El abogado Claudio Vega Marón dijo que estas empresas ya están denunciadas penalmente mas no ocurre lo mismo con los funcionarios que omitieron la verificación y autenticidad de las cartas fianzas ya que explico que solo se les ha encontrado responsabilidad administrativa.
El procurador Claudio Vega Marón, explicó que si existiera asociación ilícita para delinquir entre funcionarios y las empresas que fraguaran las cartas fianzas esta tendrá que salir a relucir en medio de la investigación y procederá a denunciarlos penalmente.
Gracias a intervención de la Defensoría del Pueblo
Como consecuencia de la intervención oportuna de la Defensoría del Pueblo, el médico César Amet Gallegos Castillo, del hospital “Santa Rosa” de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, fue intervenido y detenido en el mismo nosocomio por cometer un acto de corrupción al haber solicitado un pago de 3200 soles al ciudadano Julio Gómez Arando para operar a su hijo que presenta fracturas en ambas piernas.
La queja fue recibida por la oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, el 18 de agosto, en el contexto de una visita itinerante al poblado de Mazuco, distrito de Inambari, (a 180 kilómetros de Puerto Maldonado).
En el operativo, realizado el 19 de agosto, participaron el Fiscal Provincial de Turno, Américo Gutiérrez Pineda y el Fiscal Provincial Adjunto, Jorge Araujo Quiña, acompañados del defensor del pueblo de Madre de Dios, Guimo Loaiza Muñoz, y de dos efectivos de la División de Criminalística (DIVINCRI).
El médico fue conducido al calabozo de la DIVINCRI, donde permanece hasta el momento. El caso está en manos de la Fiscalía de Madre de Dios y con las evidencias de la comisión del delito.
Cuestionan silencio del Secretario general del SUTEP Espinar, ya que es clara la situación de convivencia entre el gremio y el director de la UGEL.
Sucede que la corrupción campea en las oficinas Y pasillos de la UGEL Espinar conjuntamente con el secretario General del SUTEP representado por el profesor recientemente nombrado en dicho cargo prof.
Gerardo Sapacayo Huamaní, cuando se trata de favorecer a los docentes que tienen influencia en la DREC como es el caso de la Profesora Julia Montufar que trabajaba hasta hace poco en la I.E. Huayhuahuasi, es a la vez esposa de uno de los funcionarios de la DREC. Se trata del Prof.
Exaltación Nina Cruz, sin embargo ha hecho una permuta con un profesor contratado que laboraba en Urcos Quispicanchis, se trata del profesor Armando Paredez Ruis que en la actualidad labora en la I.E. huayhuahuasi, este mismo profesor se ha presentado tanto en la UGEL Urcos como en la UGEL Espinar, cuando la directiva de la DREC indicaba que ningún profesor en vías de contrata debía de inscribirse en dos ugeles.
Las normas son claras cuando se trata de hacer la permuta, esto sucede solo cuando son del mismo nivel y con los mismos años de servicio y en ningún caso con un contratado, ya que contraviene con las normas legales, sin embargo para el profesor Juan Becerra Cárdenas actual Director de la UGEL Espinar se trata simplemente de una permuta interna que según este funcionario tienen derecho todos los profesores.
Entre tanto el Secretario General del SUTEP de la provincia de Espinar avaló esta irregular acción en recompensa contrataron a un profesor recomendado por la directiva se trata del profesor Hernán Cárdenas Conde, quien estuvo trabajando como contratado en la Institución Educativa Cesar Vallejo.
Sin embargo dicho docente ha sido desplazado por el profesor Lucio Cáceres Flores quien se desempeñaba como funcionario de la UGEL y ha retornado a su institución, sin embargo dicho docente ha tenido el privilegio de ser nuevamente recontratado en otra I.E.
Se trata de la I.E. Tintaya Marquiri, donde actualmente viene laborando, cuando no debía de ser así, por que hay una cantidad considerable de docentes que están esperando ser contratados.
Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE) Canchas, quienes sostenían hace 6 días una medida fuerza, suspendieron su medida como resultados del dialogo entre autoridades regionales del sector educación. (Foto: Denis Hualla)
El comité técnico y el comité de lucha de los docentes, expusieron su plataforma de lucha ante el Gerente de desarrollo social del Gobierno Regional del Cusco, Economista, Gerardo Basterrenechea quien anunció que el profesional Marco Rivero Somocursio, finalmente se hará cargo de la reorganizacion de la Unidad de Gestion local de Canchis (UGEL - Canchis).
Con esta medida se pone fin a una serie de denuncias y reclamos por parte de los maestros en contra de la gestion que venia cumpliendo el profesor Adrian Mena ballenas, conjuntamente a otros profesionales en las distintas áreas de la UGEL. Al mismo tiempo señalaron que las labores estudiantiles se normnalizan en todas las instituciones educativas, asi como el diseño de estrategias cuirriculares a fin de recuperar las horas lectivas.
En diálogo con Sicuani Noticias, el Porfesor Elias Fernandez Secretario del Sutep Canchis, dijo que es una satisfaccion para los intereses de los docentes canchinos que finalmente se tenga que reorganizar y se haya puesto un alto a la corrupcion.
Los ciudadanos que respaldan la gestión edil del actual Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cusipata en la Provincia de Quispicanchi informaron que el ciudadano Efraucio Maza Sottec, ex burgomaestre de ese distrito ha sido sentenciado por el delito de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado y la Municipalidad Distrital de Cusipata.
El Juzgado Mixto de Quispicanchi, le había impuesto tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo a través de la resolución judicial Nº 25 del 18 de agosto del 2005.
El referido ex alcalde estuvo comprometido en la falsificación de una partida de nacimiento, conforme se desprende de los acápites de la sentencia aludida, que manifiesta que la partida de nacimiento de fojas 25 contiene declaraciones falsas.
Indica que el nacimiento de la persona Hugo Aurelio Sumire Palomino, no se halla inscrito en la Oficina de Registro Civil, y que el procesado Eufracio Maza Sottec en su condición y Alcalde y su codemandado Antolín Maza Oquendo en su condición de Jefe de Registro Civil insertaron en el libro, declaraciones falsas a una inscripción de nacimiento.
Los pobladores de Cusipata manifestaron que actualmente dicho ciudadano pretende sorprender a la población intentando volver a la alcaldía, hecho que no permitirán debido a los antecedentes judiciales que tiene, dijeron inclusive que fue procesado por haber presuntamente incendiado el local de la Municipalidad Distrital a fin de desaparecer todo tipo de evidencias al haber sido denunciado por delito de peculado.
Conforme se registra la sentencia judicial 114-94, don Eufracio Maza Sottec, era quien disponía de los dineros recaudados en la Municipalidad de Cusipata, apropiándose de los caudales económicos.
Entre muchos otros casos, la última sentencia aludida, refiere que Eufracio Maza, recibía cheques girados a su nombre, compraba y vendía bienes y servicios para la Municipalidad ejecutando los gastos sin rendir cuentas a nadie, al extremo de que no pagó el sueldo de los trabajadores de enero a marzo de 1994.
También se indica que el Tesorero entregaba al entonces Alcalde Maza Sottec el dinero de la recaudación por concepto de auto avalúo, licencias de pantionaje, expedición de partidas de nacimiento, y otros.
Los dineros recibidos de la Fabrica de Fideos Cusipata era en cheques mediante el Banco de Crédito por la suma de cuatro mil soles, los libros de caja y otros fueron incendiados el 23 de enero de 1993.
De otro lado dijeron que Eufracio Maza Sottec, se presenta como miembro del Comité de Lucha de la FARTAC, y aparece como “tinterillo” en defensa de abigeos, por lo que los pobladores de Cusipata están haciendo el llamado al Dirigente de la FARTAC Fermín Quispe Pacsi a tomar distancia de este individuo y al Decano del Colegio de Abogados a iniciar las acciones que le corresponde.
Estos delitos penales no prescriben y que por lo tanto la población debe tener conocimiento de quienes pretenden volver a la Municipalidad Distrital de Cusipata, dijeron los denunciantes.
