Frente al reglamento de consulta aprobado por el Ministerio de Energia y Minas.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEBE ACOGER SUGERENCIAS, CRITICAS FRENTEA AL CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE CONSULTA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS.

La Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, frente a la aprobación del reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas para las actividades minero energéticos, aprobado mediante decreto supremo Nro. 023 – 2011- EM, emitido el 12 de mayo del 2011 y que se dio en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 5427 – 2009 – TC del 16 de noviembre del 2010, expresa algunas observaciones, que en nuestra opinión debe ser motivo de un análisis más profundo:

1. El art. 2, finalidad de la consulta: La norma afirma que la consulta tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Sobre esta afirmación señalamos que la consulta debe ser más que un acuerdo, significa reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas de nuestro país y por tanto la obligación del Estado Peruano de adecuar su legislación al Convenio 169 de la OIT. En el mismo el Art. 2, último párrafo la norma establece que “para tal efecto el estado deberá determinar si los intereses de los pueblos indígenas serian perjudicados directamente y en qué medida” sobre esta parte nos preguntamos ¿cuáles serán los criterios o instrumentos que se utilizaran para determinar la medida en que un pueblo indígena será perjudicado o no? No deberían ser los pueblos indígenas los que determinen el grado de afectación a su cultura, territorios y forma de vida de manera conjunta con las entidades consultantes.

2. En el Art. 5 en relación a los destinatarios o receptores del proceso de consulta en los incisos 5.1 y 5.2 último párrafo se manifiesta que las organizaciones indígenas de carácter nacional y las instituciones representativas de cada pueblo indígenas “deberán estar acreditadas ante el ministerio de cultura” sobre este aspecto nos preocupa que se condicione un derecho a una inscripción innecesaria, ya que gran parte de comunidades campesinas en nuestro país se encuentran debidamente registradas ante las instancias correspondientes, de otro lado se discriminaría aquellas que no se encuentran inscritas o que no cuentan con documentación para inscribirse, pues estas poblaciones conforme a la tradición, sus usos y costumbres se consideran pueblos originarios conforme lo establece el convenio 169 que establece el derecho a la auto identificación de los pueblos indígenas, nos preguntamos si con este artículo se pretende crear un nuevo registro de pueblos indígenas o un filtro para negar el derecho que les corresponde a las comunidades campesinas.

3. En relación a los plazos que establece el artículo 9 del presente decreto se menciona que hay un plazo de 40 días para realizar la primera etapa del proceso de consulta, lo que contraviene al principio de flexibilidad del artículo 4 de esta misma norma que señala “que el proceso de consulta debe ser llevada a cabo de manera apropiada a las circunstancias teniendo en consideración de los pueblos indígenas existentes…”.

4. En el Art. 10 se menciona que la entidad responsable de ejecutar el proceso de consulta puede evaluar su decisión tomando en cuenta la importancia de interés nacional y que aporten al desarrollo sostenible. Sobre este punto, es conocido que se emitieron normas declarando algunos proyectos de interés nacional, por tanto nos preguntamos ¿Qué criterios se utilizaran para determinar si un proyecto es de interés nacional o no? ¿Cuándo el estado considera que un proyecto, por ejemplo minero, aportara al desarrollo sostenible?

5. De otro lado consideramos, que en el proceso de elaboración de éste reglamento, mínimamente debió establecerse un mecanismo de diálogo con las organizaciones indígenas, con el fin de acoger sus inquietudes u observaciones.

6. Es de conocimiento público, que en nuestra región sur andina existen provincias concesionadas en la mayor parte de sus territorios. Concesiones que afectan directamente a cabeceras de cuencas y territorios donde existen poblaciones campesinas. Teniendo en cuenta la primera disposición transitoria de esta norma, que lo que se hace es convalidar todos los actos inconsultos realizados hasta antes de la aprobación de esta norma, lo que supondría una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas.

7. Finalmente, teniendo en cuenta que esta norma reglamenta un derecho fundamental de las poblaciones indígenas de nuestro país, pedimos al Ministerio de Energía y Minas brinde la apertura necesaria para acoger sugerencias, críticas y observaciones que se den o se vayan a dar al contenido de esta norma, permitiendo así que se realicen modificaciones totales o aclaraciones que permita garantizar eficazmente el derecho de los pueblos indígenas de nuestro país.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.

La verdadera personalidad de XTRATA

Sergio Sullca.

La minería es una industria sin alma, solía decir el Padre Jeremías, párroco de la Provincia de Chumbivilcas. No esperes que la empresa minera te quiera o te respete, confórmate con ponerle reglas claras, que no te falte agua y no limite tus derechos.

Aquellas frases venían de un norteamericano pragmático que cree en la minería como una apuesta de desarrollo. En su discurso, las empresas mineras son social y ambientalmente responsables y sus estrategias apuntan a que la sociedad crea eso; sin embargo son solamente discursos que a la hora de los hechos no son ciertos.

Es el caso de Xstrata que para despejar sus propios miedos es capaz de todo, literalmente de todo. Hoy se conoció la notica de diez heridos, cuatro de ellos de gravedad, que acaban de llegar al hospital regional de Cusco. Los cotabambinos se atrevieron a organizar un paro en Challhuahuacho cuya plataforma de lucha consistía en algo tan llano como exigirle el cumplimiento de una obligación: contratar a la gente de la zona. Xstrata no dudó en presionar a la Policía al punto que logró un resultado fatídico y quizá irreparable. Por más propaganda y publicidad que haga, Xstrata ya no podrá esconder más su verdadera personalidad en Cotabambas.

Pero sus miedos no terminan, esto que acaba de ocurrir en el extremo norte de su proyecto minero Las Bambas, es un anuncio de lo que se viene en el extremos sur, Espinar, donde empezarán sus proyectos mineros Antapaccay y Ccorccohuayco. El día viernes 13 en Espinar se formó la Comisión Reformuladora del Convenio Marco como conclusión de una Asamblea Popular que marca el próximo escenario en el que Xstrata tendrá que hacer algo que no le gusta: dialogar.

NO fue fácil para la dirigencia espinarense, conformar esta Comisión, había sido un anhelo desde hace siete años que no se había logrado, principalmente, por la falta de apoyo político e institucional de los alcaldes provinciales que pasaron entre el 2003 y el 2011. El día 13, por fin, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, la Federación Unificada de Campesinos, la Asociación de Barrios y Pueblos Jóvenes de Espinar, el Sindicato de Trabajadores del Mercado Central, el Comité de Lucha y la Municipalidad Provincial de Espinar lograron su propósito: conformar esta Comisión.

Hasta el día 13, Xstrata había hecho de todo para boicotear la Asamblea Popular, había empezado con una campaña de desprestigio yendo Comunidad por Comunidad difundiendo la supuesta incapacidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Espinar y su Alcalde Óscar Mollohuanca Cruz, visitó a ciertos medios de comunicación en Lima y Cusco con el mismo discurso. Xstrata sería feliz si pudiera callar a la prensa en Espinar como sí lo hizo en Cotabambas, pero felizmente aquí los comunicadores y periodistas no se callan, así que la Asamblea Popular siguió su curso.

En un acto desesperado, Xstrata mandó a sus incondicionales para evitar que la asamblea se realice, no lo logró y en el colmo de su desesperación, quiso impedir que se forme la Comisión Reformuladora del Convenio Marco, mandando a tres personas ebrias. Con todo y eso, veteranos como Horacio Quispe Suclle, Arturo Ccoarahua Salcedo, Herber Huamán Llave, Moisés Camerccoa, Néstor Cuti, Jerardo Maccarcco, entre otros, se impusieron y el Alcalde pudo entregar su propuesta de Reformulación. Los borrachos de Xstrata no pudieron impedirlo, fracasaron.

Xstrata es tan inescrupulosa como indolente, el Padre Jeremías tiene razón en su apreciación de la minería, es más, esto hace que salte la pregunta: ¿tiene derecho una minera a desestabilizar una gestión edil?, la respuesta es no, pero de hecho lo está haciendo en Espinar y si fue capaz de mandar a disparar a campesinos cotabambinos y tratar de boicotear la Asamblea de los espinarenses, es capaz de todo con tal de sacar sus proyectos a cualquier precio. Las Bambas, Antapaccay y Ccorccohuayco deben seguir adelante a cualquier precio, el engaño y la manipulación son las armas más inocuas de Xstrata, las peores, son las balas.

Por ahora son 16 heridos en Cotabambas de acuerdo al Alcalde de Challhuahuacho Odilón Cruz citado en la página web del diario, el Pregón de Apurímac. ¿Cuántos más serán en el futuro? , ¿Espinar correrá la misma suerte si sigue exigiendo sus derechos?

De momento, el martes 17, la Comisión Reformuladora empieza su trabajo y Xstrata tiene sus cañones apuntando a la dirigencia de Espinar y a la Municipalidad Provincial. Sería una buena idea que ambas Provincia, que no son distantes, puedan juntarse para contar sus experiencias con la misma empresa minera.

Comunicador rural: Romualdo Ttito Pinto

Enfrentamiento en Islay por Minera Tia Maria

En la provincia de Islay, en Arequipa, se reinició esta mañana la huelga indefinida de los pobladores en contra del proyecto minero Tía María, que está a cargo de la empresa Southern Perú.

Según informó el corresponsal de El Comercio en la zona, Carlos Zanabria, las autoridades de Educación decidieron suspender las clases escolares y las entidades públicas han cerrados sus puertas para evitar actos vandálicos.

Los manifestantes se han movilizado hasta las inmediaciones del puente Pampa Blanca, donde han sido frenados por la Policía Nacional ante su intento de tomar un tramo de la carretera.

Sin embargo, un grupo de estas personas, que un primer cálculo son 800, ha logrado subir a los cerros colindantes y desde ahí están atacando a los agentes PNP, quienes han tenido que usar bombas lacrimógenas, pero no ha surgido efecto porque tienen el viento en contra.

Los pobladores del valle del Tambo están lanzando piedras con huaracas a los policías.

Hasta el momento, la Policía ha detenido a una mujer y se seis personas han resultado heridas, que han sido trasladadas a un centro médico del sector.

El Comercio

Los Decretos de Urgencia y la política ambiental

Por Emma Gómez y Giselle Salazar

Uno de los balances más negativos de la gestión del actual gobierno tiene que ver con la política ambiental. Como consuelo para la actual administración se puede afirmar que esta situación ha sido una constante en el desempeño de los últimos gobiernos: la política ambiental, que en realidad es relativamente nueva, no sólo no se ha consolidado sino que muestra una peligrosa tendencia de retroceso y deterioro.

Un buen ejemplo es el de los recientes decretos de urgencia que se han dado con el fin de de favorecer una serie de proyectos y que han generado la justificada preocupación de diversos sectores. El pasado 18 de enero, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia Nº 001-2011 para facilitar la inversión privada de 30 proyectos de inversión, de infraestructura y servicios públicos; posteriormente la lista fue ampliada a otros 33 proyectos mediante el Decreto de Urgencia Nº 002-2011 del pasado 21 de enero.

Entre los proyectos que se benefician con los Decretos de Urgencia figuran un grupo de carreteras, como las de Sullana frontera con Ecuador, Ica frontera con Chile, la longitudinal de la Sierra y Selva; varios terminales de puertos; sistemas eléctricos de transporte masivo, líneas de transmisión; reservorios, entre otros.

Estos decretos establecen peligrosas medidas de simplificación legal al señalar que las certificaciones ambientales (EIA) no serán un requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de los proyectos mencionados. Lamentablemente nuevamente se dejan de lado requisitos ambientales que deberían ser considerados como instrumentos claves de una política seria de fomento a la inversión.

Por otro lado cualquiera podría preguntar ¿por qué son favorecidos un grupo de proyectos y a otros no? ¿Acaso otros inversionistas no podrían reclamar por el favoritismo evidente o por un trato discriminatorio? ¿Cuál es la urgencia de esos proyectos específicos que justifique postergar un requisito fundamental como es el Estudio de Impacto Ambiental? ¿La tendencia será nuevas y mayores exoneraciones?
En todo caso, este hecho muestra que la política ambiental y sus instrumentos siguen siendo vistos como un obstáculo para la inversión y la decisión política parece ser pasar por encima de los procedimientos establecidos. Sin duda ésta es una tendencia peligrosa.

El Perú debe desarrollar y no recortar su política ambiental. El propio Banco Mundial reconoce que las políticas que se siguen en países como el Perú han tenido como efecto en los últimos años el debilitamiento de las normas ambientales.
El Perú necesita una verdadera autoridad ambiental autónoma, que sea eficiente, que recupere credibilidad en la actuación pública y que asegure la supervisión e implementación de instrumentos rigurosos para la protección ambiental. Lamentablemente, esto no se ha logrado con la creación del Ministerio del Ambiente que aparece pintado en la pared en varios de los temas claves de la agenda ambiental del país.

Una nueva gestión ambiental implica el fortalecimiento de las capacidades de prevención de impactos, tanto desde el inicio como hasta la etapa del cierre de los proyectos, ya que se busca impedir que el legado de pasivos ambientales aumente; que se promuevan evaluaciones integradas y estratégicas; que se desarrollen guías metodológicas rigurosas; que se incorporen nuevos instrumentos para el ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica; y que se exija una mayor calidad en los estudios ambientales de acuerdo a los mejores estándares internacionales.

Lo mencionado significa avanzar y no retroceder en materia ambiental. Una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, la que no acepte someterse a los criterios de certificación ambiental, no la necesitamos. Miremos el ejemplo de La Oroya y el comportamiento de la empresa Doe Run, para darnos cuenta de los riesgos que debemos evitar.

Fuente:CooperAcción

70 mil toneladas anuales producirá minera Constancia en provincias altas del Cusco

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que una producción anual de 70,533 toneladas de cobre, de 54,500 toneladas de plata y de 2,000 a 3,000 toneladas de concentrado de molibdeno, espera obtener Norsemont Perú S.A.C. con el proyecto Constancia ubicada en los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca, de la provincia de Chumbivilcas y los distritos de Espinar y Coporaque, de la provincia de Espinar, en la Región Cusco.

Se trata de una mina polimetálica, que también presenta valores recuperables de oro y cuya actividad se ha planificado llevar a cabo mediante explotación a tajo abierto. Geográficamente se ubica en los Andes Meridionales del Perú, a una altitud que varía entre los 4,000 y 4,500 msnm.

Durante la fase de explotación se requerirá de una línea de transmisión eléctrica, que abarcará aproximadamente 70 kilómetros de longitud, desde la mina Tintaya hasta el área del proyecto Constancia.

La empresa deberá tramitar la correspondiente servidumbre eléctrica para los terrenos que constituyen la franja por donde se desplazará esa línea, conforme lo establece la regulación correspondiente.

Cabe precisar que mediante Resolución Directoral Nº 390-2010-MEM-AAM, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MEM, se aprobó recientemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Norsemont Perú S.A.C.

Conforme lo señala expresamente en la R.D., el titular se encuentra obligado a cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas en el EIA, y con los compromisos y recomendaciones de la DGAAM.

Asimismo, se indica que la aprobación del EIA no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar el titular del proyecto minero para operar, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

La Republica

Realizan congreso sobre impacto minero en la región Cusco

Estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Andina del Cusco (UAC)sede Sicuani realizaron el I Congreso Regional denominado “Impacto socioeconómico de la inversión minera en la región y el País”. (Imagen: Radio Sicuani)

El evento se desarrolló el 3 y 4 de diciembre en las instalaciones de la Municipalidad provincial de Canchis y conto con la participación de importantes expositores y profesionales.

Según los propios organizadores, el propósito del evento es buscar alternativas de solución ante la crisis climática, educacional, económica, empleo, migración entre otros aspectos.

De otro lado el Congreso estuvo, dirigido a organismos públicos y privados, cuyo principal problema es el alto costo social, ecológico que origina a mediano y largo plazo la inversión minera.

Que al mismo tiempo ocasiona conflictos socio ambientales con un impacto en las comunidades campesinas quienes se ven afectadas seriamente con los pasivos ambientales por explotación de los recursos mineros de la región del Cusco y el país.

Julio Quispe

Intervienen enbarcaciones cerca a Reserva Nacional de Tambopata

La Capitanía Guardacostas Marítima de Puerto Maldonado intervino tres embarcaciones dedicadas a la minería aurífera informal e ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata, en el departamento de Madre de Dios.

A bordo de patrulleras, el personal intervino una embarcación en el río Bajo Madre de Dios, en inmediaciones de la isla Rolín, y a dos en el río Tambopata, precisó la Marina de Guerra del Perú en un comunicado de prensa.

Los motores de succión de las naves fueron decomisados con la finalidad de dejarlas fuera de operación y evitar que continúen con su ilegal actividad que contamina el medio ambiente en perjuicio de los pobladores ribereños.

En dichas intervenciones se contó con la participación de representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Asimismo, durante una operación en el río Madre de Dios, entre la localidad de Laberinto y la comunidad de Santa Rosa, fueron intervenidas otras cinco embarcaciones que extraían oro sin contar con autorización.

Como resultado de dicha intervención, y en base a las facultades conferidas a la autoridad marítima mediante el decreto de urgencia Nº 012-2010, el personal guardacostas decomisó cuatro motores completos y piezas de uno de ellos.

La Capitanía Guardacostas Fluvial de Puerto Maldonado instauró los procesos sumarios para determinar las responsabilidades administrativas.

Andina

Mineros ilegales invaden concesiones de reforestación reserva de Tambopata

Tras eficaz operación contra la minería ilegal que invade concesiones de reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional de Tambopata, la Policía capturó a 21 sujetos que en su intento de fugar lesionaron a un efectivo y afectaron el tránsito por la vía Interoceánica.

La operación de control se llevó a cabo los días 20 y 21, luego de intensas acciones de seguimiento en la trocha que ingresa por el kilómetro 117 hacia el río Manuani, afluente del río Malinowski.

Participó la Policía Nacional, Programa Regional de Manejo Forestal y Fauna Silvestre (PRMFSS), Fiscalía en Materia ambiental y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Todo comenzó a las 23:00 horas del 20 de setiembre, con el objetivo de inhabilitar los puentes que forman parte de un camino ilegal ubicado en una concesión de reforestación en Madre de Dios, instalados en la trocha de acceso del kilómetro 117.

Lamentablemente, la comisión fue emboscada y agredida por una turba de personas que, al parecer, había sido alertada.

Como resultado de esta agresión fueron heridos un miembro del programa de manejo forestal y un efectivo policial, al cual le robaron su arma de uso oficial y una moto que más tarde fue quemada.

Ante esta situación, la comisión esperó el apoyo de más efectivos que retomaron el control del sector y procedieron a la detención de los facinerosos.

Continuando con la operación, se logró ingresar por la trocha donde la Policía destruyó cuatro puentes y capturó otro grupo de personas, que en total hace un número de 21 detenidos, los cuales deberán afrontar los procesos judiciales correspondientes.

Luego, un grupo de mineros y personas dedicadas directa e indirectamente a esta actividad tomó la carretera Interoceánica, con el fin de evitar el paso de los vehículos policiales y demás instituciones y particulares. Luego de casi dos horas de negociaciones con apoyo de la Defensoría del Pueblo y fiscales, la Policía decidió desalojar y liberar la vía.

De lo observado, informó Sernanp, se evidencia el crecimiento del comercio asociado a la minería a lo largo del eje carretero Interoceánico Sur en los kilómetros 98, 108, 115, 117 y 123, donde se instalan carpas precarias.

“Este comercio alimenta el `trabajo´ de mineros ilegales que están usando chupaderas al interior del monte sobre concesiones de reforestación. Asimismo, se observa que se ha incrementado el número de personas que están realizando esta actividad. Sólo como ejemplo de un pequeño sector salieron a reclamar por esta intervención unas 1,000 personas”, indicó la institución.

Esta situación confirma lo denunciado por el Sernanp respecto de la invasión de la zona de amortiguamiento y el serio riesgo sobre las concesiones de reforestación, de ecoturismo y de conservación de la zona.

El Sernanp agradeció al personal policial que pese a la inferioridad numérica e insuficiente logística logró controlar la situación. Asimismo, resaltó el valor de los fiscales, del personal del PRMFSS y de los guardabosques.

Este tipo de intervenciones, con limitaciones por temas logísticos y recursos humanos, sientan un precedente importante en favor de recuperar el principio de autoridad en aras del ordenamiento de las actividades del sector de acuerdo a ley.

Andina

Cusco le dice no a denuncios mineros en su territorio

Ministerio de Energía y Minas evalúa ordenanza y las empresas mineras protestan

CooperAccion, mediante una nota de prensa del 25 de marzo del 2010, informó que el Consejo Regional del Cusco, ha emitido una ordenanza en la que declara como área de no admisión de denuncios mineros a todo el territorio de esta región.

La ordenanza ha provocado polémica y diversos sectores se vienen pronunciando. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury, advirtió que la ordenanza convertiría al Cusco en una zona de litigio minero. Además, las empresas han señalado que la ordenanza es inconstitucional, pues los Consejos Regionales no tendrían competencias.

Por su parte, el director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas, Henry Luna, ha indicado que para ese sector aún no está clara la aplicación de dicha ordenanza.

Lo cierto es que la ordenanza, que ha entrado en vigencia hace algunos días, tiene el respaldo de un sector importante de la población. Cabe señalar que en los últimos años, las concesiones mineras no han cesado de aumentar en diferentes provincias cusqueñas.

Hoy en día, las concesiones ocupan en todo esa región más de 1 millón doscientos mil hectáreas y se presentan casos extremos, como el de la provincia de Chumbivilcas, donde el 85% de su territorio se encuentra concesionado.

Lo cierto es que el debate está abierto; hay temas de competencia entre las diferentes instancias del Estado; las empresas también manifiestan estar preocupados por el nuevo Reglamento de Ley de Recursos Hídricos en el que se le da un rol importante a los Gobiernos Regionales.

Por otro lado están los justos reclamos de las comunidades, en el Cusco y en todo el país, que defienden sus derechos frente a un avance caótico y desordenado de la actividad minera.

Fuente: CooperAccion