¿Que hacer para solucionar el conflicto Majes Siguas II?

Todo indica que las controversias en torno al proyecto Majes Sihuas II podrían dar paso al primer gran conflicto del año 2011. ¿Qué hacer para evitar que esto ocurra? ¿Qué hacer para romper el nivel de confrontación actual? ¿Cómo encontrar una fórmula satisfactoria para ambas regiones?

Una primera tarea es identificar lo que realmente se hizo mal, lo que se dejó de hacer y cuáles son algunas tareas pendientes.

¿Qué errores se han cometido?

- En primer lugar implementar una estrategia de hechos consumados. Como se sabe en septiembre 2010 se otorgó la buena pro del proyecto y el 9 de diciembre se firmó el contrato con la empresa Concesionaria Angostura Siguas S.A. En este escenario no se tomó en cuenta o se ignoró abiertamente la reacción que una decisión de este tipo podía causar en la población de Espinar.

- También ha generado una mayor controversia el hecho que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), haya reemplazado el Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca Alta del río Apurímac, por un simple estudio de "Confrontación de Oferta y Demanda de la Cuenca del Apurímac al río Salado".

Este estudio fue elaborado en apenas dos meses y según varios expertos no cuenta con series temporales suficientes que permitan evaluar correctamente la oferta histórica y las proyecciones de la cuenca. En suma no se cuenta con un estudio riguroso que encaré a fondo las dudas que se han planteado.

- Lo mismo ocurrió con el estudio de impacto ambiental (EIA) de la represa de Angostura, que se elaboró en un tiempo récord de dos meses y que fue finalmente aprobado rápidamente en el mes de septiembre de 2010, sin audiencias públicas en la región Cusco.

- La actuación del gobierno nacional ha sido totalmente errática. A la fecha existen dos instancias que están interviniendo en el caso: por un lado está el ANA con una comisión que pretende intervenir en las dos regiones y por otro lado una comisión de alto nivel. Cada uno de estos espacios desarrolla una agenda propia y no han demostrado capacidad para enrumbar el conflicto por una vía institucional de diálogo.
¿Qué hacer?

- Se debe proponer la creación de una verdadera comisión biregional, liderada por los presidentes de Cusco y Arequipa e integrada por equipos técnicos de ambas regiones. Se necesita liderazgo político y un compromiso serio que evite que el conflicto nuevamente entre a una espiral de violencia.

- Tal como lo manda la Ley de Recursos Hídricos (29338) se necesita instalar cuanto antes el Consejo de la Intercuenca del Alto Apurímac, con el liderazgo de los gobiernos regionales y con la participación de la mayor cantidad de actores claves y representativos de las regiones.

- Sin Estudio de Balance Hídrico no se puede tomar una decisión técnica informada y menos aun despejar los temores de la población de Espinar. El Estudio de Balance Hídrico ayudará a definir con precisión la oferta y la demanda actual y futura, tanto en época de estiaje como de lluvia. Se deberán incorporar las necesidades de protección del ecosistema, el uso de agua de la población y la demanda de actividades productivas. Además, sería recomendable revisar los estudios realizados (EIA y otros).

Ojalá que este conflicto se pueda encaminar por vías institucionales y pacíficas y sobre todo que las dos regiones encuentren caminos de colaboración y acuerdo

Cooperaccion

“A más consultas menos conflicto”

El lunes 21 de junio, el Poder Ejecutivo presentó en fecha y hora límite, un conjunto de observaciones a la Ley de Consulta Previa Para los Pueblos Indígenas, que había sido aprobada por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo.

Son ocho las observaciones presentadas por el Ejecutivo que modifican aspectos sustantivos de la ley y terminan por desnaturalizarla. Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés general de la Nación: se señala, además, que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”.

En esta observación se contraponen los derechos de los pueblos indígenas con un supuesto interés nacional. Cabe señalar que éste ha sido un argumento muy utilizado en las últimas décadas, cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta: “¿por qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”.

El gran problema es que en un país como el Perú, no existen políticas públicas que permitan presentar evidencias claras que tal o cual proyecto, responde al “interés de la Nación”. Precisamente, uno de los retos pendientes es dotarnos de esos instrumentos y uno de ellos puede ser la consulta previa.

La consulta puede y debe implicar varias cosas: acuerdos, diálogo democrático intenso, desarrollo de capacidades, aprendizajes, etc. Hay todo un paquete que debe ser tomado de manera integral para beneficio de los pueblos indígenas y por supuesto para todo el país. En ese paquete está la posibilidad que el país con las poblaciones indígenas decidan cuándo nos conviene que haya por ejemplo minería o hidrocarburos y cuándo no; cuándo nos conviene que un determinado ecosistema sea preservado; cuándo y de qué forma conviene una determinada obra de infraestructura, etc.

Todo esto implica un diálogo intenso que ayudará a fortalecer las prácticas democráticas. La cultura del diálogo es también cultura de paz: un lema de las organizaciones indígenas era precisamente: “a más consulta menos conflictos”.

Otra observación del Ejecutivo cuestiona el carácter de pueblos indígenas a las poblaciones andinas. Además, el Estado, según esta observación pretende reservarse la identificación de los pueblos indígenas, en contra de lo que señala expresamente el propio Convenio 169 de la OIT.

Aparentemente, el actual gobierno pretende seguir eximiendo del proceso de consulta los planes, proyectos y programas que considera como “interés nacional”. Su interpretación sobre las medidas legislativas o administrativas que deben consultarse es restrictiva y profundamente vertical.

CooperAccion considera que las observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectarán las relaciones entre el Estado peruano y los pueblos indígenas. Esperamos que el Congreso de la República defienda su fuero y mantenga la decisión de aprobar la necesaria Ley de Consulta Previa Para los Pueblos Indígenas.

CooperAccion

Cusco le dice no a denuncios mineros en su territorio

Ministerio de Energía y Minas evalúa ordenanza y las empresas mineras protestan

CooperAccion, mediante una nota de prensa del 25 de marzo del 2010, informó que el Consejo Regional del Cusco, ha emitido una ordenanza en la que declara como área de no admisión de denuncios mineros a todo el territorio de esta región.

La ordenanza ha provocado polémica y diversos sectores se vienen pronunciando. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury, advirtió que la ordenanza convertiría al Cusco en una zona de litigio minero. Además, las empresas han señalado que la ordenanza es inconstitucional, pues los Consejos Regionales no tendrían competencias.

Por su parte, el director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas, Henry Luna, ha indicado que para ese sector aún no está clara la aplicación de dicha ordenanza.

Lo cierto es que la ordenanza, que ha entrado en vigencia hace algunos días, tiene el respaldo de un sector importante de la población. Cabe señalar que en los últimos años, las concesiones mineras no han cesado de aumentar en diferentes provincias cusqueñas.

Hoy en día, las concesiones ocupan en todo esa región más de 1 millón doscientos mil hectáreas y se presentan casos extremos, como el de la provincia de Chumbivilcas, donde el 85% de su territorio se encuentra concesionado.

Lo cierto es que el debate está abierto; hay temas de competencia entre las diferentes instancias del Estado; las empresas también manifiestan estar preocupados por el nuevo Reglamento de Ley de Recursos Hídricos en el que se le da un rol importante a los Gobiernos Regionales.

Por otro lado están los justos reclamos de las comunidades, en el Cusco y en todo el país, que defienden sus derechos frente a un avance caótico y desordenado de la actividad minera.

Fuente: CooperAccion