"Aludiendo la eliminación de la pobreza, Fujimori anunció este programa de Planificación Familiar en la Conferencia de Beijing en 1995, y aplicó la "Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria", bajo amenazas, engaños y hasta secuestros.
Las denuncias realizadas por mujeres y organizaciones sobre las esterilizaciones forzadas perpetradas durante el gobierno de Alberto Fujimori desde 1995 al 2000 en el Perú, cobran especial significado en los esfuerzos de un grupo de doce campesinas quechua hablantes de Anta que en el año 2001, llegaron a Lima (ya recobrada la democracia) para realizar sus denuncias de manera pública ante autoridades y congresistas.
Esta acción se constituyó en un hecho emblemático que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que fueron víctimas, no sólo ellas sino de miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas.
De acuerdo a cifras dadas a conocer por la congresista cusqueña, Hilaria Supa, se trata de aproximadamente 300 mil mujeres y 22 mil varones en todo el país, quienes fueron sometidos a esterilizaciones sin su consentimiento.
Después de diversas investigaciones y acusaciones negadas, el hecho volvió a cobrar relevancia debido a que en junio 2003, la Comisión de Derechos humanos del Congreso formuló ante la Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por el delito de Lesa Humanidad y tortura, debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las esterilizaciones forzadas.
El papel de la congresista Hilaria Supa, ha sido fundamental para evitar que estos casos pasen al olvido pues desde 1996 ha denunciado la flagrante violación de derechos que ocurría en el país. Este tipo de acciones permitió que se pararan las esterilizaciones.
"Hoy la justicia no llega y las mujeres están en su derecho de reclamar, los impactos en su salud mental y física, no ha motivado aun respuestas de parte de la justicia", afirmó la legisladora nacionalista Hilaria Supa quien junto a muchas otras campesinas, lideró las primeras denuncias en los años 1996 y años posteriores.
La política de planificación familiar implementada desde 1996-2000 durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de derechos humanos de las mujeres, demostrando el desprecio por la vida de quien dirigió los destinos del país.
En democracia, el Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta y hoy congresista del Cusco, Hilaria Supa.
Los resultados se dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación de derechos que enfatizaban en testimonios y las irregularidades en el consentimiento informado.
El gobierno de Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud Fernando Carbone, (2001-2003) pidió disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones forzadas.
Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y declaraciones de ex-autoridades fujimoristas.
El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la Sub Comisión de Salud, dirigida por el entonces congresista, Héctor Chávez Chuchón. Esta comisión determinó una acusación constitucional sobre genocidio contra el ex presidente Fujimori y otros funcionarios.
Las investigaciones en la actualidad, se encuentran en la Fiscalía de la Nación y avanzan lentamente, aduciendo falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son claras. Lo más preocupante es que centrado el debate por un lado en la negación del delito, la ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del Opus Dei; las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de la impunidad.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil, en tanto a 16 mil hombres, se les practicó la vasectomía. La magnitud de las irregularidades no se ha precisado, pueden ser esas mismas 300 mil o menos. He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia.
Las consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en el Perú.
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar por ejemplo a la familia de Mamérita Mestanza, mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998, como consecuencia de complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de Alberto Fujimori.
El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) con sede en Nueva York, CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso se fundamentó en las investigaciones de Giulia Tamayo y su Reporte Nada Personal, sobre las AQV.
La solución al caso de Mamérita Mestanza, abrió las posibilidades a las investigaciones y a la justicia que esperan las mujeres a las que les fueron violados sus derechos, en un caso catalogado como crimen de lesa humanidad.
Como se conoce, el ex presidente peruano Alberto Fujimori está siendo investigado por una sería de violaciones a los derechos humanos. Entre los casos por los que podría ser acusado, también se encuentra el delito de genocidio por haber implementado durante su mandato, el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, que luego se desvirtuó convirtiéndose en un programa de esterilización forzada.
El fiscal de Derechos Humanos, Alex Díaz, amplió en los últimos días, las investigaciones contra el ex mandatario con visitas a las regiones andinas de Huancavelica (centro), Ayacucho (sur) y Cusco (sureste), donde se han presentado varias denuncias.
Podrían ser nuestras propias madres. Se trata de mujeres indígenas, pobres pero al final son personas.
A más de 12 años, de todo lo sucedido, las campesinas han realizado una serie de denuncias, desde la comunidad y la provincia, habiendo llegado mil casos a la Fiscalía Provincial en Lima para los Derechos Humanos, pero que hasta el momento, continúan en el olvido.
"Después de haber dado a luz, empecé a sangrar constantemente, entonces acudí a un establecimiento de salud donde los médicos me hablaron de una operación para no tener más hijos. Pero no acepté y desde ese momento, en reiteradas oportunidades vinieron hasta mi casa insistiéndome sobre la operación pero tampoco acepté.
Un día los médicos llegaron hasta mi comunidad y nos llevaron a la fuerza a 6 mujeres hasta la localidad de Limatambo (Anta), donde también había mujeres de diferentes edades. Escuchaba gritos de dolor, sentía mucho miedo, entonces decidí huir, me escondí, pero finalmente me encontraron y me llevaron a un cuarto, me inyectaron y cuando desperté sentía ardor y mucho dolor en mi vientre… se trataba de la operación.
Desde ese momento, me convertí en una mujer frágil, enfermiza y por este motivo aún tengo problemas con mi pareja, quien me amenaza con irse de la casa porque no sirvo para nada porque me paro enfermando. Quiero que se haga justicia se aprovecharon de nuestra humildad". Este es el crudo testimonio de Estela Layme Baca (40) natural de la comunidad de Marcahuayra del distrito de Mollepata (Anta).
Este es uno de los miles de casos de esterilización forzada que se practicó sobre todo a las mujeres de las zonas alto andinas de las regiones más pobres del Perú, entre ellos el Cusco, donde se registró un promedio de 500 casos de esterilizaciones forzadas; entre ellos, varios varones.
Al respecto, la congresista de la República, Hilaria Supa Huamán, reveló que muchas mujeres fueron engañadas aprovechando su desconocimiento, amenazadas o ‘compradas’ con dinero, así como alimentos a cambio de someterse a las esterilizaciones. Lo peor de todo es que en algunos casos este tipo de prácticas se realizaron sin avisar a las pacientes, cuando eran internadas en los hospitales para "parir".
Secuelas de la esterilizaciónAl dialogar con las victimas que sufrieron la esterilizaron forzada, coincidieron en señalar que pese a los años transcurridos, aún soportan dolores corporales. Tampoco pueden trabajar en las chacras como debe ser, tienen constantemente dolores de cabeza y a consecuencia de esta situación, son víctimas de violencia familiar por parte de sus parejas.
En ese sentido, la legisladora indicó que todas las mujeres esterilizadas están siendo tratadas psicológicamente. Reveló además que en el sector de Mollepata se registró un sorprendente caso pues la pareja de la victima, se envenenó porque la mujer paraba enferma y no hacia nada.
Asimismo Hilaria Supa, sostuvo que en la actualidad está gestionando ante el Gobierno de turno (ministerios de Salud y Justicia) para que se ubique, casa por casa, a todas las mujeres que padecieron de esta violencia: "Ojala que este problema se cristalice en todo el país porque no se puede atropellar de esta manera con el cuento de ser pobre", comentó la parlamentaría.
Cifras alarmantesDe acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSA) a nivel nacional, se registraron 300 mil casos de esterilización forzada; de los cuales, 22 mil corresponden a varones.
En la región del Cusco hubo aproximadamente 500 casos de mujeres esterilizadas sin su consentimiento. Las zonas donde se practicó con mayor fuerza, fueron las comunidades de las provincias de Anta, Paucartambo, Chumbivilcas y Quispicanchi.
De la referida cantidad, las mujeres fueron quienes valientemente han denunciado este tipo de hechos. En el caso de los varones, se niegan a declarar.
Las regiones donde se puso en marcha dicha campaña fue en Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cajamarca, Tumbes, Piura, Arequipa, así como en el sector de la Selva.
Otro caso singularGuillermina Huamán Janampa de 35 años de edad, natural de Anta, ambién fue victima de la esterilización forzada. Lo más grave de este caso, es que Guillermina a pesar de que indicó estar embarazada de tres meses a los médicos, éstos no le hicieron caso e incluso le practicaron algunos exámenes. Entonces comenzaron a hostigarle hasta lograr su propósito de esterilizarla sin su consentimiento. Cinco meses más tarde su barriga iba creciendo hasta que afectó la cicatriz que le dejó la operación de esterilización. Por este motivo, según ella, durante tres días consecutivos, tuvieron que extraerle a su bebe.
"Hoy la justicia no llega y las mujeres están en su derecho de reclamar, los impactos en su salud mental y física, no ha motivado aun respuestas de parte de la justicia" ha señalado la Congresista Hilaria Supa, quien junto a muchas campesinas, lideró las primeras denuncias en los años 1996 y posteriores.
Incorporación al SIS
En el 2005, basada en esta solución amistosa y en gesto que enaltece, el Ministerio de Salud, dirigido por la entonces ministra, Pilar Mazzetti decidió incorporar al Sistema Integral de Salud (SIS) a las 12 mujeres de Anta (Cusco) que fueron esterilizadas contra su voluntad.
A ello seguiría la Resolución Ministerial que aplica el PLAN E2 para incorporar a las mujeres víctimas por la esterilización forzada a sus esposos y sus hijos menores de 18 años para acceder al SIS como víctimas de violación de derechos humanos, tal como ha sucedido.
Cabe mencionar que las 12 mujeres de Anta, representan un caso emblemático, con rostro y nombre propio, que simbolizan a las miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad a nivel nacional, tal como lo demostraron en su momento, las investigaciones de Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Salud y otras organizaciones.
La decisión del MINSA (2005) se convirtió en el primer hecho político de parte del Estado peruano de resarcimiento a las víctimas de esterilizaciones forzadas.
El caso de AntaEsperando justiciaAntecedentesEl drama de aproximadamente 300 mil mujeres y 22 mil varones que fueron esterilizados en el país durante el régimen de Alberto Fujimori.
Esterilizaciones forzadas alcanzaron a más de 500 mujeres en la región Cusco
