Ante los acontecimientos que están produciéndose en la provincia de La Convención, departamento del Cusco, como Defensora del Pueblo me dirijo a las autoridades, a los dirigentes de las organizaciones sociales y a la opinión pública para señalar lo siguiente:
1. Las posiciones extremas e intolerantes respecto de problemas sociales que pueden ser tratados por la vía del diálogo solo producirán más violencia y pondrán en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas. La responsabilidad de los líderes democráticos de un país radica en su capacidad de tender puentes y allanar el camino para un tratamiento pacífico y satisfactorio de las diferencias, más aún cuando, en tiempos recientes, experimentamos situaciones verdaderamente trágicas que acarrearon dolor y muerte a las familias peruanas.
2. Los espacios de diálogo que instituciones como la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo tratan de promover en La Convención se deben percibir como una oportunidad para explicar los alcances del Proyecto Gas de Camisea, abordar las expectativas de la población con relación a la explotación de este recurso natural y restablecer la relación de confianza que debe primar entre el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, para que estos esfuerzos fructifiquen es absolutamente indispensable que las partes involucradas muestren una total disposición al diálogo.
3. En razón de que somos el órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de los derechos fundamentales de las personas, exhortamos a las autoridades del Poder Ejecutivo y a los dirigentes de la provincia de La Convención a retomar el diálogo. Tenemos la absoluta convicción de que así se evitará que el conflicto se amplíe y se intensifique.
Ambas partes deben poner en evidencia su voluntad de dialogar en el entendido de que la autoridad pública tiene la obligación de dar curso legal y dialogante a las demandas sociales. Por su lado, las organizaciones sociales deben ejercer su derecho a protestar, sin adoptar medidas que transgredan las leyes vigentes, como el bloqueo de carreteras y el impedimento de acceso a los locales de las entidades públicas que se registran en la zona del conflicto y que afectan a los derechos de la ciudadanía en general.
4. La Defensoría del Pueblo mantiene su disposición a colaborar en la solución de este conflicto, como lo hemos manifestado públicamente desde un primer momento. Nuestros equipos, ubicados en la zona del conflicto, se encuentran recogiendo información, promoviendo intervenciones de carácter humanitario y realizando acciones en favor del diálogo.
5. Finalmente, deseamos reafirmar, una vez más, a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que la vida humana es primero y que los problemas se pueden resolver si existe buena voluntad para solucionarlos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.
